Friday, July 31, 2009

El juez da la razón al grupo municipal socialista y dispone la suspensión cautelar de los derribos de dos inmuebles del Cabanyal

El juzgado de lo contencioso administrativo número 9 de Valencia ha notificado hoy un auto en el que dispone suspender de forma cautelar la ejecución de la resolución de alcaldía en la que se concede a la sociedad Cabanyal 2010 licencia para derribar los inmuebles ubicados en el número 170 de la calle Padre Luis Navarro y en el número 155 de la calle Barraca, en la zona del barrio del Cabanyal afectada por la prolongación de la avenida Blasco Ibáñez pese a estar declarada Bien de Interés Cultural. El juzgado estima así el recurso interpuesto ayer por el Grupo Municipal Socialista, que impugnaba el acto administrativo de concesión de licencia de derribo de ambos inmuebles al considerar que vulnera lo establecido en la Ley de Patrimonio Cultural Valenciano, y reclamaba la suspensión cautelar de su ejecución hasta que se produzca la decisión judicial definitiva, pues la demolición sería irreversible.

El recurso se fundamenta en que la ley exige, como requisito previo a la concesión de la licencia de derribo de inmuebles declarados o ubicados en entorno BIC, la existencia de un proyecto de edificación sustitutoria, ausente en ambos casos. Además, la concesión de permiso de demolición de edificios en tal situación está condicionada a la preceptiva autorización de la Conselleria de Cultura, que tampoco se ha producido. Asimismo, el grupo municipal entiende que las licencias vulneran la legislación urbanística y el propio PEPRI del Cabanyal, pues se conceden sobre edificios insertos en unidades de ejecución, cuya planificación interior debería haberse abordado de forma conjunta. El recurso planteaba la suspensión cautelar urgente de la ejecución de la licencia, que ha sido aceptada, hasta que el tribunal dictamine sobre la petición de suspensión definitiva, que ha sido admitida a trámite.

El auto considera que “en el presente caso concurren las especiales razones de urgencia que permiten que se adopte la medida solicitada in audita parte, dado que, si bien no consta fecha concreta de inicio de las obras de derribo y en la resolución impugnada se advierte de que con una antelación mínima de 15 días a la fecha prevista para el inicio del derribo se comunique el mismo al Servicio de Disciplina Urbanística, Sección Ruinas del Ayuntamiento, lo cierto es que habiéndose dictado la resolución impugnada en fecha 22 de julio de 2009 y ser hoy el último día hábil para las actuaciones judiciales, no reanudándose hasta el 1 de septiembre, no puede tramitarse la medida interesada por el trámite ordinario del artículo 131 de la LJCA, y cabe la posibilidad de que las obras se ejecuten durante el mes de agosto, por lo que resultaría totalmente infructuoso un pronunciamiento judicial posterior relativo a la suspensión del acto administrativo. Ello no obstante, la decisión que puede adoptarse tras la celebración de la preceptiva comparecencia, tras oír las partes implicadas”. En concreto, el juzgado dispone “acordar con carácter de urgencia la suspensión de la ejecución del acto recurrido” y citar a las partes a comparecer al respecto el próximo lunes.

Carmen Alborch mostró la satisfacción del PSPV-PSOE por el auto del juzgado. “Nos da la razón en la línea que siempre hemos defendido: rehabilitar y revitalizar el barrio del Cabanyal en lugar de destruirlo”, explicó la portavoz socialista. “El juez ha tenido en cuenta nuestros argumentos, porque en el caso de las licencias de derribo la destrucción patrimonial es irreversible”, consideró el concejal Vicente González Móstoles.

Segundo recurso, por procedimiento ordinario

El otro recurso interpuesto ayer por el PSPV solicitaba al juzgado que acordase la suspensión de las actuaciones derivadas de la ejecución del Pepri Cabanyal-Canyamelar, en las unidades de ejecución que afectan al conjunto declarado Bien de Interés Cultural, así como al resto de unidades que modifiquen la estructura urbana como consecuencia de la prolongación de la avenida Blasco Ibáñez y de la apertura del Bulevar de San Pedro hasta tanto recaiga sentencia firme. Dicho recurso, que planteaba igualmente la suspensión cautelar con carácter de urgencia de las actuaciones, impugnaba el acuerdo adoptado en el pleno de junio por el que se rechazó la moción presentada por el Grupo Municipal Socialista en la que se reclamaba la suspensión cautelar hasta que el Ministerio de Cultura dictamine sobre la posible existencia de expolio patrimonial en las actuaciones de prolongación de la avenida Blasco Ibáñez y destrucción del Cabanyal.

El juzgado de lo contencioso administrativo número de de Valencia ha admitido a trámite dicho recurso pero ha dispuesto no aceptar el carácter de urgencia de la petición de suspensión cautelar, por lo que la impugnación del acuerdo plenario “se tramitará por el procedimiento ordinario correspondiente” y la solicitud de suspensión cautelar “por la vía del artículo 129 de la Ley de Jurisdicción”. González Móstoles mostró su satisfacción por la admisión a trámite y confió en que la decisión definitiva estime los argumentos del Grupo Municipal Socialista.



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