Monday, June 30, 2008

El PSPV considera que la pérdida de apoyos empresariales de la prolongación de Blasco Ibáñez evidencia la falta de consistencia del proyecto y su escasa viabilidad

Vicente González Móstoles: “La decisión de los socios privados de Cabanyal 2010 de abandonar la compañía es el indicador más fiable de que la operación ha perdido todo su sentido económico”

El Grupo Municipal Socialista consideró hoy que “la pérdida de apoyos empresariales de la prolongación de la avenida de Blasco Ibáñez a través del barrio del Cabanyal evidencia la falta de consistencia del proyecto y su nula viabilidad económica, social y patrimonial”. Después de que los socios privados de la empresa Cabanyal 2010 comunicasen en el consejo de administración celebrado esta mañana su intención de vender sus participaciones, el representante del grupo municipal en la compañía, Vicente González Móstoles, consideró que la decisión de los socios privados “es el indicador más fiable de que la operación ha perdido todo su sentido económico y de que debe ser reconsiderada a partir de nuevos criterios de oportunidad”.

En concreto, las empresas Acciona Infraestructuras SA (1.856 acciones), Construcciones Villegas SL (1.856), Armiñana Promociones Inmobiliarias (1.856), Reyal Urbis SA (1.856), Salvador Vila SL (1.856), Calviga SAU (1.856), Ecisa Grupo Inmobiliario SLU (1.856), Urbana Ducat SL (1.856), Sedesa Urbana SL (500), Pavasal Empresa Constructora SA (201) y GIC Promociones Urbanas SL (201) han comunicado en el consejo de administración su intención de “proceder a la venta de la totalidad de sus acciones de clase B”.

Las compañías que han manifestado su intención de enajenar sus acciones suponen la totalidad de socios privados de Cabanyal 2010 y sus 15.750 participaciones constituyen el 45% de las acciones de la compañía. El 55% restante (19.250 acciones) son propiedad a partes iguales del Ayuntamiento de Valencia y la Generalitat, a través de las empresas AUMSA e IVVSA, respectivamente, quienes de acuerdo con los estatutos de la empresa tienen derecho de adquisición preferente. El precio establecido por acción es de 500 euros –la cantidad que se ha suscrito y desembolsado a día de hoy por cada participación-, por lo que el precio total de las acciones que se pretenden enajenar asciende a 7.875.000 euros. La cantidad se entregará en tres pagos de 2.625.00 euros; el primero, al otorgamiento de la escritura de compraventa; el segundo, transcurrido un año; y el tercero, transcurrido dos. A ello habrá que sumar una cantidad en concepto de intereses, calculados conforme al IPC General más un punto porcentual.

“Las nuevas circunstancias del mercado y las dinámicas urbanas a nivel global han puesto de manifiesto la grave equivocación que supone la decisión municipal de continuar con esta operación. Ahora no sólo hay criterios de lógica urbana y patrimonial en contra de la operación, sino que el proyecto se ha visto desautorizado por los agentes privados en su dimensión estrictamente económica, lo cual lo deja sin ninguna justificación”, consideró González Móstoles.

El representante socialista expresó su convicción de que “la potenciación de la identidad patrimonial de la ciudad es un factor de mucho mayor peso que la producción de suelo”. De hecho, se referirió a las palabras de Alfonso Vegara, presidente de la Fundación Metrópoli y Premi Jaime I de Medio Ambiente, quien tanto en la presentación de la Cátedra Ciudad de Valencia como en el acto de presentación de la Estrategia Territorial de la Comunidad Valenciana manifestó que la generación de identidad es uno de los componentes más importantes en la estrategia de las ciudades por posicionarse competitivamente.

“Las expectativas económicas de la ciudad se verían muy enriquecidas si protegiésemos nuestro patrimonio. La protección y la puesta en valor de la huerta y de los centros históricos son una oportunidad económica para Valencia de primera magnitud. Los empresarios ya han advertido este cambio de ciclo”, concluyó González Móstoles.



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