Thursday, July 10, 2008

El PSPV denuncia la paralización de 544 VPP en los sectores Moreras II y Patraix durante seis años

Vicente González Móstoles alerta de que ‘’una mala práctica urbanística’’ por parte del Ayuntamiento ‘‘ha supuesto una pérdida de 8 millones de euros para los valencianos’’

El Grupo Municipal Socialista denunció hoy la paralización durante los últimos seis años de la construcción de 544 viviendas de protección oficial en los sectores de Moreras II y Patraix, en los que las malas prácticas urbanísticas del Partido Popular han supuesto para el Ayuntamiento dejar de ingresar ocho millones de euros. El concejal socialista Vicente González Móstoles alertó en rueda de prensa de la situación y anunció la presentación de una moción a la Comisión de Vivienda, Grandes Proyectos y Urbanismo en la que se exige al consistorio que adopte las medidas necesarias para el inicio inmediato de la construcción de las viviendas.

El sector Morellas II se adjudicó en el año 2000 como sector urbanizable de 1.857 viviendas, que siete años después ascendieron a 2.189. La reparcelación se aprobó en 2005. El sector de Patraix se adjudicó también en el año 2000 para construir 3.286 viviendas de protección oficial. La reparcelación fue aprobada en 2007. Los promotores cedieron al consistorio el 10% del edificabilidad de ambos sectores. En el caso de Moreras II, correspondían al Ayuntamiento 235 VPP de un total de 511; y en el caso de Patraix, 309 VPP de 3.286. En lugar de realizar un concurso público o adjudicar la construcción a AUMSA, el Ayuntamiento vendió sus derechos a los agentes urbanizadores por 3.193.380 y 6.747.958 euros. El convenio fue firmado en 2002 y establecía para los promotores la obligación de solicitar la licencia de edificación en un plazo máximo de dos meses. Sin embargo, la construcción de las 544 VPP no se ha iniciado en seis años.

“Las viviendas no disponen de licencia ni están en ejecución”, explicó González Móstoles, quien exigió al Ayuntamiento que “emita el informe sobre los incumplimientos en ambos sectores y establezca el importe de las sanciones correspondientes a la no ejecución de las viviendas, al incumplimiento del convenio y a la de pérdida ingresos para las arcas municipales, de acuerdo con las cláusulas de los respectivos convenios’’. En concreto, los convenios establecen que el incumplimiento por parte del agente urbanizador será sancionado con hasta 10 penalizaciones, de periodicidad mensual, por importe cada una de ellas de un 10% de la compensación económica abonada por el agente urbanizador al Ayuntamiento.

Por otra parte, el edil recordó que en la fecha en que se podían haber sacado a concurso las viviendas, el volumen de negocio total de las 544 VPP hubiera ascendido a unos 80 millones de euros. “Si a esta cantidad aplicamos un razonable descuento en la fase de concurso en torno al 10%, es sencillo calcular, que la ciudad de Valencia hubiera recibido ocho millones de euros, para el Patrimonio Municipal de Suelo y poder construir nuevas viviendas protegidas. El Ayuntamiento ha renunciado, por tanto, a unos ingresos complementarios de ocho millones de euros”, concluyó.



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