Tuesday, July 1, 2008

El PSPV exige la disolución de Cabanyal 2010, el abandono del protecto de prolongación de Blasco Ibáñez y la creación de una oficina RIVA para rehabilitar el barrio

González Móstoles considera que la actuación municipal en el Cabanyal es “una lamentable combinación de soberbia e incompetencia”

El Grupo Municipal Socialista exigió hoy, un día después de que los socios privados de Cabanyal 2010 manifestaran su intención de vender su 45% de la compañía, la disolución de la empresa, la desestimación de la prolongación de la avenida de Blasco Ibáñez a través del Cabanyal-Canyamelar y la creación de una oficina RIVA para rehabilitar el barrio. “Se abre un horizonte estatutario diferente en que Cabanyal 2010 pasará a ser una empresa totalmente pública, sin aportación de capital privado. Las tornas han cambiado y, al no ser ya la sociedad mixta creada en 2005, no tiene sentido mantenerla como tal”, explicó el concejal socialista y miembro del consejo de administración de la empresa, Vicente González Móstoles.

El edil recordó que en el consejo celebrado ayer las empresas Acciona Infraestructuras SA (1.856 acciones), Construcciones Villegas SL (1.856), Armiñana Promociones Inmobiliarias (1.856), Reyal Urbis SA (1.856), Salvador Vila SL (1.856), Calviga SAU (1.856), Ecisa Grupo Inmobiliario SLU (1.856), Urbana Ducat SL (1.856), Sedesa Urbana SL (500), Pavasal Empresa Constructora SA (201) y GIC Promociones Urbanas SL (201) comunicaron su intención de “proceder a la venta de la totalidad de sus acciones de clase B”. Las once compañías que han manifestado su intención de enajenar sus acciones suponen la totalidad de socios privados de Cabanyal 2010 y sus 15.750 participaciones constituyen el 45% de las acciones de la compañía. El 55% restante (19.250 acciones) son propiedad a partes iguales del Ayuntamiento de Valencia y la Generalitat, a través de las empresas AUMSA e IVVSA, respectivamente, quienes de acuerdo con los estatutos de la empresa tienen derecho de adquisición preferente. El precio establecido por acción es de 500 euros –la cantidad que se ha suscrito y desembolsado a día de hoy por cada participación-, por lo que el precio total de las acciones que se pretenden enajenar asciende a 7.875.000 euros. La cantidad se entregará en tres pagos de 2.625.00 euros; el primero, al otorgamiento de la escritura de compraventa; el segundo, transcurrido un año; y el tercero, transcurrido dos. A ello habrá que sumar una cantidad en concepto de intereses, calculados conforme al IPC General más un punto porcentual.

González Móstoles consideró que la deserción de los socios privados “no es sólo un efecto de la crisis inmobiliaria, sino que se produce como consecuencia de la falta de expectativas económicas del proyecto urbanístico a corto y largo plazo”. “La pérdida de apoyos empresariales de la prolongación de la avenida de Blasco Ibáñez a través del barrio del Cabanyal evidencia la falta de consistencia del proyecto y su nula viabilidad económica, social y patrimonial”, reiteró el representante socialista, quien explicó que “a la nula fortaleza social y urbanística de la operación se une ahora la recién manifestada debilidad económica”.

“La prolongación de la avenida es un barco que se hunde; los empresarios se están dando cuenta y lo están abandonando. Es un proyecto fallido, sumido en el descrédito y que acabará naufragando”, afirmó el concejal socialista, para quien el empecinamiento del Partido Popular responde al hecho de que “este gobierno está conducido por una lamentable combinación de soberbia e incompetencia”.

Por ello, el edil reclamó el cese de las actividades desarrolladas por Cabanyal 2010, el abandono definitivo del proyecto de prolongación de Blasco Ibáñez y la firma de un convenio RIVA con la Generalitat para rehabilitar el Cabanyal-Canyamelar mediante la construcción de la vivienda pública, las plazas, las zonas verdes, los aparcamientos y los equipamientos públicos previstos en el Plan Especial de Protección y Reforma Interior del barrio. De hecho, el PEPRI del Cabanyal preveía la construcción de 70 equipamientos públicos, la rehabilitación de 560 edificios protegidos y la construcción de viviendas de protección pública, aspectos todavía no realizados. González Móstoles puso como ejemplo de buena práctica el convenio firmado por el Ministerio de Vivienda del Gobierno de España con la Generalitat y el Ayuntamiento para construir 350 viviendas protegidas en la zona.



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