Thursday, June 25, 2009

El PSPV exige la suspensión cautelar de los derribos en el Cabanyal hasta que el Ministerio dictamine si ha habido expolio

Carmen Alborch: “El ayuntamiento ha incumplido su obligación de preservar el patrimonio, que es nuestra memoria y nuestra riqueza. La alcaldesa podría haber impedido la degradación del barrio, pero ha demostrado una actitud insensible”

Vicente González Móstoles: “El proyecto del paseo Valencia al Mar fue posterior a la construcción del ensanche ahora en peligro, pero ambos coexistieron de forma pacífica hasta la llegada de Barberá”

El Grupo Municipal Socialista exigió hoy al equipo de gobierno del Ayuntamiento de Valencia que decrete la suspensión cautelar de los derribos que se están ejecutando en el barrio del Cabanyal hasta que el Ministerio de Cultura dictamine si las actuaciones suponen expolio. La portavoz socialista, Carmen Alborch, anunció la presentación de una moción al pleno municipal de mañana, que defenderá el concejal Vicente González Móstoles.

“La nueva sentencia del Tribunal Supremo pone el foco sobre la expoliación patrimonial del Cabanyal. El ayuntamiento ha incumplido su obligación de preservar el patrimonio, que es nuestra memoria y nuestra riqueza. La alcaldesa podría haber impedido la degradación del barrio, pero ha demostrado hasta ahora una actitud insensible”, afirmó Alborch, para quien “esa degradación es, en buena medida, consecuencia de una obstinación en prolongar Blasco Ibáñez, alterando la estructura urbana del conjunto declarado Bien de Interés Cultural que permite la destrucción de 209 edificios catalogados, es decir, merecedores de protección”.

“Una obstinación que ignora cualquier alternativa a la rehabilitación y regeneración del barrio. Por eso el Tribunal Supremo ha considerado la posibilidad de un expolio patrimonial que debe dictaminarse. Si el equipo de gobierno no está dispuesto a declinar en su empecinamiento en prolongar la avenida con todas sus consecuencias, le planteamos suspender de forma cautelar, a la espera de un pronunciamiento sobre el expolio, las actuaciones que afectan al conjunto declarado Bien de Interés Cultural. Al núcleo esencial de ese patrimonio de todos los valencianos que es el Cabanyal, un barrio de pescadores que reinventó el modernismo y creó un espacio único en nuestra ciudad”, afirmó.

Por su parte, González Móstoles explicó recordó que el frente de derribo de la prolongación destruirá parte del ensanche del Cabanyal, declarado BIC y que constituye el primer ensanche de la ciudad, anterior incluso al de Valencia. “El proyecto del paseo Valencia al Mar fue posterior a la construcción del ensanche ahora en peligro, pero ambos coexistieron de forma pacífica durante cien años”, explicó el edil, quien recordó que la prolongación de la avenida hasta el mar y la consiguiente destrucción del Cabanyal no se plantearon hasta el Plan pspv-psoeval de 1966. “El PSPV dejó en suspenso el planeamiento de dicho barrio y fue Barberá quien, posteriormente, quiso poner fin a la coexistencia”, aseguró.

El representante socialista recordó que, de acuerdo a la nueva sentencia del Tribunal Supremo, el Ministerio de Cultura deberá tomar en consideración en su estudio el informe del arquitecto inspector de la Unidad de Inspección del Patrimonio Histórico Artístico de la Dirección Territorial de Cultura y Educación de Valencia, que consideró que el plan conlleva “la apertura de la Prolongación de la Avenida de Blasco Ibáñez produce una intervención de tal calado que imposibilita la permanencia de la estructura original” y “supone la eliminación completa de de seis manzanas y la sustantiva alteración de otras seis arrastrando con ella un importante patrimonio urbano cuya situación actual es la de mayor fidelidad al ensanche originario y por lo tanto a la intención declaratoria del Conjunto Histórico del Cabanyal”. Además, tendrá que tener en cuenta el voto particular emitido por 8 Magistrados de los 19 componentes del TSJ de Valencia de 2004, igualmente crítico.

El edil explicó que si el informe dictaminase la existencia de expolio, ello conllevaría la suspensión de la prolongación. Por ello pidió al equipo de gobierno que actúe con responsabilidad y, ante la posibilidad de que se declare el expolio, proceda a la suspensión cautelar para no aumentar el daño.



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