Monday, July 7, 2008

El PSPV rechaza que el Ayuntamiento y la Generalitat compren las acciones de los socios privados de Cabanyal 2010

El Grupo Municipal Socialista se opuso hoy a que el Ayuntamiento de Valencia y la Generalitat adquieran las 15.750 acciones de la empresa Cabanyal 2010 que los once socios privados de la sociedad mixta pretenden abandonar. Los dos concejales del PSPV-PSOE miembros del consejo de administración de AUMSA, Vicente González Móstoles y Rafael Rubio, también portavoz socialista en la Diputación de Valencia, se pronunciaron en contra de que la empresa pública municipal ejerza, junto a la autonómica IVVSA, el derecho de tanteo sobre las acciones que pretenden vender los socios privados.

Los ediles recordaron que en el consejo de administración de Cabanyal 2010 celebrado la semana pasada las empresas Acciona Infraestructuras SA (1.856 acciones), Construcciones Villegas SL (1.856), Armiñana Promociones Inmobiliarias (1.856), Reyal Urbis SA (1.856), Salvador Vila SL (1.856), Calviga SAU (1.856), Ecisa Grupo Inmobiliario SLU (1.856), Urbana Ducat SL (1.856), Sedesa Urbana SL (500), Pavasal Empresa Constructora SA (201) y GIC Promociones Urbanas SL (201) comunicaron su intención de “proceder a la venta de la totalidad de sus acciones de clase B”. Las once compañías que han manifestado su intención de enajenar sus acciones suponen la totalidad de socios privados de Cabanyal 2010 y sus 15.750 participaciones constituyen el 45% de las acciones de la compañía. El 55% restante (19.250 acciones) son propiedad a partes iguales del Ayuntamiento de Valencia y la Generalitat, a través de las empresas AUMSA e IVVSA, respectivamente, quienes de acuerdo con los estatutos de la empresa tienen derecho de adquisición preferente. El precio establecido por acción es de 500 euros –la cantidad que se ha suscrito y desembolsado a día de hoy por cada participación-, por lo que el precio total de las acciones que se pretenden enajenar asciende a 7.875.000 euros, a los que habrá que sumar una cantidad en concepto de intereses, calculados conforme al IPC General más un punto porcentual.

“El Ayuntamiento y la Generalitat no deberían ejercer su derecho de tanteo. Los particulares deberían vender sus acciones en el mercado de capital. Va contra la lógica que los empresarios tengan garantizado desde el principio sus beneficio y es increíble que se premie a una sociedad que, hasta el momento, no ha hecho nada”, afirmó González Móstoles, para quien los alrededor de nueve millones de euros que las administraciones municipal y autonómica pagarán a los socios privados “deberían destinarse a la ejecución del PEPRI y no al pago de acciones pasivas”. El representante socialista consideró, además, que “si una sociedad se creó mixta y el capital privado se va, deja de tener sentido y habría que disolverla, pues ha perdido sus objetivos societarios”.

Rafael Rubio lamentó que, con la opción a la compra de las acciones, el Ayuntamiento “haya garantizado a los socios privados lo que no se garantiza a ningún empresario ni a ninguna sociedad: la obtención garantizada de beneficios”. “El sector privado no creía en el plan del Cabanyal y ahora se lo ha dicho a Barberá. No debe de haber nadie interesado en comprar las acciones, cuando van a ser la Generalitat y el Ayuntamiento quienes se hagan cargo de ellas”, afirmó Rubio, quien denunció que el consistorio “ni siquiera sabe el valor de mercado de las acciones”.

Por todo ello, el Grupo Municipal Socialista exigió el cese de las actividades desarrolladas por Cabanyal 2010, el abandono definitivo del proyecto de prolongación de Blasco Ibáñez y la firma de un convenio RIVA con la Generalitat para rehabilitar el Cabanyal-Canyamelar.



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